El PP y Vox continúan su particular cruzada contra la legislación en materia de memoria para sustituirla por llamadas “leyes de concordia” allá donde gobiernan juntos. Ambos grupos han registrado en Castilla y León y la Comunidad Valenciana textos muy similares basados en premisas falsas y reincidiendo en los mismos errores. La ofensiva de la alianza de la derecha y la extrema derecha, que se comprometió en sus pactos de coalición autonómicos a derribar el aparato legislativo regional de apoyo a los represaliados, no afecta a la vigencia y aplicación de la ley estatal, pero supone un retroceso en la aplicación de los principios de derecho internacional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Mientras el Gobierno central desarrolla, con retraso, la ley de memoria democrática (2022), que prevé, entre otras medidas, la retirada de vestigios franquistas, Vox retira placas de homenaje a represaliados del franquismo, como ha ocurrido en Burriana (Castellón).
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