Por primera vez en la historia democrática española, un Tribunal Constitucional con su mayoría caducada ha paralizado una reforma legal del Parlamento español. Lo ha hecho por la mínima. Seis votos contra cinco. Gracias a la decisión de dos magistrados con el mandato caducado y afectados directamente por este cambio legal, que estaba diseñado para desbloquear un órgano constitucional que la derecha ha usurpado, incumpliendo el mandato de las urnas.
Es algo gravísimo. Y que sitúa a la democracia española fuera de los raíles institucionales por los que ha discurrido hasta hoy.
Pero no ha sido solo un atropello democrático. En realidad han sido tres.
El primero, por la abstención. O más bien por la ausencia de ella.
La ley es bastante clara y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gonzalez Trevijano, la debería conocer. Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las razones por las que un juez se debe abstener es por tener “interés directo o indirecto” en la causa sobre la que debe decidir.
Y la primera trampa de la derecha en una jornada negra para la democracia española ha estado ahí: que dos de los magistrados que debían haberse apartado por su propio pie de esta decisión se han negado a hacerlo.
Tanto Pedro González Trevijano como Antonio Narváez estaban obligados a abstenerse. Porque lo que este lunes debatía el Tribunal Constitucional era un asunto que les afecta de forma directa y personal. Tan directa como que se jugaban el puesto y el sueldo.
Dato importante: Trevijano cobra 13.300 euros brutos mensuales como presidente del Constitucional. Narváez, 11.973 euros brutos al mes.
Gracias a la votación de hoy, Trevijano y Narváez seguirán cobrando por más tiempo del Tribunal Constitucional –hasta que los insumisos del CGPJ tengan…
