Freno a todo cuanto tiene que ver con Qatar. No hay límites a las sospechas de que los trabajos legislativos hayan sido limpios en el Parlamento Europeo. Y, asimismo, suspensión de credenciales a todo representante del país qatarí. Son ciertos puntos de la resolución conjunta pactada por todos los grupos del Parlamento Europeo tras el debate del martes sobre el Qatargate celebrado en el pleno de Estrasburgo, y que se votará este jueves por la mañana. Mientras que, este miércoles comparecen ante la justicia belga los detenidos, entre ellos la ex vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili.
El texto de la resolución de acuerdo apela a que “la confianza en la integridad del Parlamento y el Estado de Derecho es esencial para el funcionamiento de la democracia europea”; y a que “es esencial garantizar que los procesos democráticos no sean capturados por intereses privados y externos y que los derechos de los ciudadanos se respeten plenamente”.
Así el texto señala que la ONG Fight Impunity, del ex eurodiputado Antonio Panzeri, en el centro de la trama, “”no se halla anotada en el Registro de Trasparencia, […] una pieza central del marco ético y la transparencia de las instituciones europeas”.
En este sentido, el documento defiende que “la influencia con razonamientos de los representantes de intereses [lobistas] en la toma de resoluciones en el Parlamento es una parte vital de la democracia europea”, pero que “por contra, son inadmisibles los medios inadecuados de influencia, el soborno y otros delitos penales”.
Los eurodiputados se reconocen “abatidos” y expresan su “grave preocupación por los supuestos actos de corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización delictiva de miembros del Congreso de los Diputados, ex diputados y personal del Parlamento a cambio de influir en las resoluciones del Parlamento” y apoyan “la plena cooperación del Parlamento Europeo con la investigación penal en curso”.
Así, denuncian “en los términos más enérgicos los supuestos intentos de Qatar de influir en los diputados, viejos diputados y miembros del personal del Parlamento Europeo mediante actos de corrupción que forman una grave injerencia extranjera en los procesos democráticos de la UE”; subrayan “la gravedad y la magnitud de las investigaciones en curso”, que demandan que el Parlamento Europeo y las instituciones de la UE “reaccionen con unidad inequívoca y determinación inquebrantable”.
La resolución pide, del mismo modo, “que se establezca una comisión singular encargada de identificar posibles defectos en el marco de normas del Parlamento Europeo sobre transparencia, integridad y corrupción, y que presente propuestas de reformas basadas en el trabajo de la comisión de Temas Constitucionales (AFCO) y las mejores prácticas de otros Parlamentos”.
Por medio de la resolución, los eurodiputados se comprometen a “crear una comisión de investigación, tras el resultado de las investigaciones penales y posibles procesos judiciales, para investigar casos de corrupción y actuaciones incorrectas por parte de terceros países que pretendan comprar repercusión en el Parlamento Europeo”.
La resolución “solicita urgentemente que se suspendan las credenciales de acceso de los representantes de los intereses de Qatar”, considera que debe “apuntalarse el Registro de Trasparencia de la UE, tanto en presupuesto como en personal, a fin de que pueda contrastar más pormenorizadamente la información proporcionada por los solicitantes y solicitantes de registro”, con especial atención a representantes “de terceros países”.
Además, los eurodiputados “hacen hincapié en que la regulación y el control de los grupos de amistad son un requisito anterior para su existencia en el Parlamento”; recomiendan “la revisión del Estatuto de los funcionarios para adecuarlo a las reglas de la Directiva sobre denunciantes de irregularidades”; piden “que se prosigan fortaleciendo las capacidades y la cooperación de la Fiscalía Europea y la OLAF y normas comunes contra la corrupción aplicables a los miembros y al personal de los órganos de la UE”.
Así, el Parlamento Europeo “suspende todo el trabajo sobre expedientes legislativos relacionados con Qatar, en particular con relación a la liberalización de visados y las visitas previstas, hasta el momento en que se confirmen o desestimen las sospechas”.
