Este jueves se ha dado un paso más para que España cuente con un nuevo supervisor financiero. El proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente del servicio Financiero sorteó en el Congreso las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y ERC. Sin embargo, los últimos días han dejado claro el aspecto de la regla que más debate está generando: la tasa de 250 euros que van a deber pagar los bancos por cada reclamación de un cliente del servicio que sea admitida por el organismo. Este aspecto, criticado por el Banco de España y las patronales, ha generado una nueva brecha entre el Gobierno y el campo.No se trata de un factor nuevo. En dos mil trece una directiva europea dejaba abierta la puerta a crear este organismo y, en 2017, se empezó a proponer en España su puesta en marcha. El anteproyecto se presentó el año pasado y, desde el comienzo, se explicó que la financiación de la nueva autoridad estaría basada en el pago de una tasa por la parte de las entidades financieras. No solo bancos, sino también compañías de seguros o gestores de inversión cuya actividad va a estar del mismo modo cubierta.La nueva autoridad se crea con el objetivo de aglutinar los servicios…
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