La Fiscalía ha decidido archivar las diligencias sobre lo ocurrido el pasado veinticuatro de junio en la frontera de Melilla que separa España de Marruecos. El ministerio público no aprecia indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en aquella jornada, en la que murieron, al menos, 23 personas. “Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el peligro para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede atribuir un delito de homicidio imprudente”, concluye el escrito fiscal. Asimismo, añade, “ninguno de los agentes actuantes en el operativo, incluido su responsable y la tripulación del helicóptero que sobrevolaba la zona, tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias”. Si bien la cámara del helicóptero grabó la avalancha y el aplastamiento de decenas de personas, la Fiscalía asume que los miembros del operativo no supieron “en ningún instante que había personas en situación de riesgo que precisaban su auxilio”. De haberlo sabido, abunda, tampoco podrían haber prestado auxilio sin riesgo propio. La Fiscalía también avala los cuatrocientos setenta rechazos en frontera (devoluciones en caliente) efectuados “con la resolución precisa, y sin demora”, por la Guarda Civil.
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