La Fiscalía del Tribunal Constitucional no está favor de adoptar medidas cautelares como la que demanda el PP para suspender el procedimiento legislativo, ahora pendiente de un último pleno en el Senado, que reforma las leyes del Poder Judicial y del propio tribunal de garantías para facilitar su renovación, conforme indican a EL PAÍS fuentes jurídicas conocedoras de esta situación. La opinión del fiscal es una de las que deberán tomar en consideración los 11 magistrados del Tribunal Constitucional a la hora de atender al recurso de amparo presentado el miércoles por 13 miembros del Congreso de los Diputados del Partido Popular.
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