La legislación de España establece una serie de salvaguardas para prevenir la entrada indeseada de inversores extranjeros en las compañías nacionales. La pandemia propició que esas reglas se endurecieran con el fin de evitar que fondos oportunistas u otros inversores aprovechasen el caiga de la cotización para hacerse a coste de ganga con las multinacionales nacionales más estratégicas. Ahora, en pleno proceso de adquiere del nueve con nueve por ciento de Telefónica por la parte de la saudí STC, los filtros de este escudo antiopas se ponen en marcha. A la luz del diseño de la operación saudí y teniendo en cuenta la letra pequeña del texto legal actual, se deduce que la firma del Golfo demandará en algún instante uno o múltiples asientos en el consejo de administración de la operadora. De no tener esa pretensión, STC podría haber optado por abandonar a ese derecho y, así, evitar las autorizaciones gubernativos previas.
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