A raíz de la crisis financiera se abrió en España la herida de los profesionales españoles que, desde muy distintos campos, optaron por marcharse del país en busca de oportunidades. Se establecieron en otros lugares, en ocasiones desarrollando carreras de éxito que no podían llevar a cabo en suelo español, con lo que el valor de su trabajo no repercutía en el país que había invertido en su formación. El retorno de estos trabajadores cualificados hasta ahora era poco más que un deseo, pero con la ley de fomento de empresas emergentes, conocida como la ley start-up —que la semana pasada fue aprobada en el Congreso y entrará en vigor en enero—, se proponen por vez primera beneficios fiscales para facilitar la contratación de extranjeros, de nómadas digitales y también la vuelta de los deportados. Todos ellos van a poder acogerse al régimen fiscal de impatriados si acreditan haber estado fuera cinco años (hasta el momento eran diez años). Pero mientras que esto es válido para los asalariados sea como sea su sector, solo lo es a medias para los freelance o autónomos, que hasta ahora no podían acogerse al régimen, y que con la ley solo se les van a aplicar las ventajas si trabajan para empresas emergentes.
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