La OCDE, la agrupación de los 34 países más industrializados del mundo, ha publicado este miércoles su informe anual sobre la economía española. Pese al buen comportamiento de la actividad en un entorno difícil, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico insiste en que hace falta poner las luces largas y atacar los problemas estructurales de España: una baja productividad coincidiendo con un momento en el que el Gobierno anuncia reducciones de horarios; un mercado laboral que, pese a la menor temporalidad por la reforma laboral, todavía tiene tasas de desempleo muy altas, presenta una elevada precariedad y deja atrás a los jóvenes, y un déficit y una deuda pública demasiado abultados, sobre todo tras el esfuerzo de la pandemia. Además, con el rápido envejecimiento de la población, la institución alerta de que España tendrá que hacer frente a incrementos muy importantes del gasto a la vez que hay que invertir en el crecimiento, la transición verde o la defensa. En estas circunstancias, aunque considera “loables” las medidas tomadas en la última reforma de las pensiones —fundamentalmente los aumentos de ingresos y los incentivos para demorar la jubilación—, cree que “es improbable que sean suficientes para equilibrar por completo el sistema, que probablemente requerirá más cambios a la tasa de cálculo de las prestaciones”. Es decir, pide reducir la expectativa de pensión. En concreto, recomienda ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida y llevar el periodo utilizado para el cómputo de la pensión hasta un mínimo de 40 años (solo pasarlo de 25 a 35 años ya recortaba la pensión inicial media un 8,2% según el Banco de España). También defiende que se exijan más años trabajados para tener derecho a la prestación. Ahora se consigue la mitad de esta con 15 años cotizados y la íntegra con 37 años.
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