La OCU asegura que cumple “escrupulosamente con la legalidad vigente” en sus actuaciones “a lo largo de más de 47 años de trayectoria de trabajo en defensa de los consumidores”. Así se expresa la mayor organización de usuarios de España en un comunicado difundido este martes, una vez que EL PAÍS revelara que el Ministerio de Consumo investiga desde hace nueve meses los 47 convenios que desde 2018 ha firmado esta asociación con grandes compañías, con el propósito de contrastar si las comisiones que cobra por cada usuario que les provee son legales y si comprometen su independencia.
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