Las protestas del sector agrario de las últimas semanas han puesto de relieve gran parte de los problemas que atraviesa el campo. La mayor parte de ellos derivan de una Política Agrícola Común (PAC) que exige una burocracia que consideran excesiva y de las condiciones y precios que les ponen fabricantes y distribuidores de alimentos. En ese escenario, el Gobierno se ha comprometido a reforzar la Ley de la Cadena para conseguir que los agricultores y ganaderos puedan cubrir sus costes de producción y sean rentables. En esa misma cadena, el último eslabón, el de los consumidores, también ha vivido -y vive- la presión de los precios y lleva meses intentando rebajar todo lo que puede la factura que tiene que pagar al hacer la compra, ante una inflación en los alimentos que no ha dejado de subir, aunque ahora lo haga de forma más moderada.
La práctica totalidad de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra. Por un lado, gasta menos y se decanta, simplemente, por productos más baratos y por ofertas. Por…
