El pasado 19 de septiembre se cumplió un año desde que uno de los volcanes de la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, despertó. Durante más de tres meses (fueron en concreto 85 días y 8 horas hasta que el 25 de diciembre de 2021 el Instituto Geográfico Nacional dató el fin de la actividad eruptiva), la tonelada de lava que arrojó se llevó por delante viviendas (1.345 de uso residencial según los datos catastrales), locales, carreteras y hasta 370 hectáreas de plantaciones (según los datos del informe de la comisión mixta para la reconstrucción de la isla). Miles de palmeros perdieron en un momento su hogar, su modo de vida y sus recuerdos. Estas Navidades serán las segundas que los damnificados por el volcán pasarán sin un hogar donde celebrar las fiestas. La nostalgia de estas fechas hará especialmente dura esta situación.
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El plan de recuperación del Gobierno canario
El Gobierno canario está trabajando en un decreto ley para ordenar la recuperación de lo que se llevó el volcán de Cumbre Vieja. Las negociaciones con cabildos, ayuntamientos y vecinos avanzan y se prevé que pueda ser aprobado el próximo mes de enero. José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, confirma que esperan que entre en vigor “lo antes posible”. Esta norma, aún en borrador, contempla la recuperación del cien por cien de la superficie construida y también de la actividad económica previa a la erupción, lo que significa recobrar el cien por cien del suelo agrícola sepultado, así como las edificaciones dedicadas a turismo u otros negocios. “Tenemos contabilizado que hay que recuperar en torno a 1.200 construcciones, entre viviendas y negocios”, apunta. Como subraya el consejero, la reparación se articula bajo un principio básico: “Que no se produzca ninguna merma de valor respecto de las pérdidas que ha ocasionado el volcán. Por ejemplo, si alguien tenía un suelo sin construcción, pero con derecho a ello, darle otro donde pueda materializarla”.
El plan es construir tanto en las zonas afectadas en las que el espesor de la colada no sobrepase los cinco metros como en “otras bolsas de suelo que no tienen aprovechamiento agrícola ni residencial haciendo operaciones de transformación”, afirma Valbuena. Como señala, están trabajando con criterios científicos, que, en este momento, avalan la construcción en suelos con lava que de menos de cinco metros. “En aquellos suelos con más espesor todavía hay un calor latente debajo del terreno, por lo que no es recomendable edificar allí”, explica el consejero. La urbanización de estos terrenos correrá a cargo de las Administraciones Públicas. Los palmeros damnificados tendrán que pagar la construcción, aunque también se prevén ayudas para aquellas personas que estén necesitadas. “Tenemos instrumentos que permitirían urbanizar esos suelos para permutarlos con los afectados y cumplir con el principio de que no se produzca ningún tipo de pérdida de valor”, expone.
“El decreto ley quiere contemplar en primer lugar la recuperación de todo lo que se perdió con la erupción, pero, también, que, una vez que se desarrolle, tengamos un entorno en el valle con mayores oportunidades”, afirma Valbuena.
