La Generalitat ha decretado el primer estado de urgencia por sequía. El decreto va a entrar en vigor la próxima semana y afecta a 24 municipios. La mayoría de estas poblaciones (catorce) supera el nuevo límite de consumo de agua impuesto (200 litros por habitante al día). Los alcaldes de estos pequeños pueblos que gastan más agua de la fijada oficialmente se sienten señalados y piden más rigor al calcular el consumo real en sus poblaciones. Sobre ellos pesa la amenaza de sanciones que les impondrá la Generalitat si no consiguen que sus vecinos reduzcan el consumo. El Govern rechaza que su pretensión sea poner multas, si bien mantiene que es la manera más eficaz de que se cumplan las restricciones. Mas estos municipios no disponen de recursos para supervisar el agua que gastan sus conciudadanos. Incluso si aprueban ordenanzas municipales que regulen el consumo, ven casi imposible que se puedan acatar por el hecho de que ciertos no tienen ni policía local para vigilar y sancionar a los que riegan el jardín o se duchan más de la cuenta. Los alcaldes se quejan que la administración superior les pasa una patata caliente sin considerar la capacidad limitada de actuación que tienen los municipios.
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