El ministro Jorge Fernández Díaz determinó en una reunión el 12 de septiembre de 2012, al día siguiente de la diada multitudinaria, que combatir al nacionalismo catalán pasaría a ser la prioridad de Interior y en los años siguientes la Policía se convirtió en una factoría de dosieres sobre políticos catalanes que bucearon no solo en sus cuentas e inversiones, también en las de sus familias. Todo sin control judicial, al margen de la ley y sin necesidad de partir de indicios delictivos.
Entre noviembre de 2014 y junio de 2016, en los registros de la Dirección Adjunta Operativa que lideraba Eugenio Pino, hombre de la máxima confianza de Fernández Díaz, imputado como él por destruir pruebas contra el PP en el caso Kitchen, figuran 34 investigaciones contra dirigentes catalanes en las que se analizaron sus finanzas e incluso las relaciones familiares. Entre los políticos investigados en ese año y medio estaban los expresidentes Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont –por su gestión como alcalde de Girona–, el entonces responsable de los mossos, Josep Lluís Trapero; cuadros de segunda fila en el Govern y hasta concejales de ayuntamiento.
El documento parte de los ficheros policiales y es una prueba más de la persecución del Gobierno de Rajoy a los políticos catalanes recabada en una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Los documentos completos de esas unidades policiales pueden consultarse al final de este artículo.
Era Eugenio Pino, mano derecha del ministro, quien canalizaba el flujo de dosieres que elaboraban distintas unidades policiales: el departamento de Asuntos Internos, la UDEF (especializada en delincuencia económica y fiscal), la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de…
