El plan piloto de la renta básica universal (RBU) se ha sumido en una suerte de impasse. Su aplicación depende de los acuerdos a los que llegue el Govern para aprobar los Presupuestos de la Generalitat. Entre la batería de cuestiones que el PSC ha planteado para dar luz verde a las cuentas figura posponer este experimento y destinar el costo de su implementación, 40 millones de euros anuales, a otras políticas sociales, y específicamente a aumentar en un 7 por cien las tarifas que se abonan a los centros residenciales. De hecho, esta mañana, en un acto sobre la RBU organizado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Sergi Raventós, responsable de la oficina creada en Presidència para implementar esta iniciativa, ha comentado ante un auditorio de estudiantes que los países que han efectuado planes conduzco no han acabado implantando esta ayuda. Al acabar la sesión, también ha asumido que su calendario y su aptitud dependen de los pactos que se alcancen para dar vía libre a los Presupuestos.
