Hace exactamente 15 meses, el 22 de septiembre de 2021, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera enviaron un non-paper (un documento de posición) a Bruselas: insistían en la necesidad de reformar el mercado mayorista de electricidad y proponían la creación de una plataforma centralizada de compra de gas como forma de reducir la dependencia de la UE a través de la creación de reservas.
“Hemos pedido a la Comisión Europea que sea audaz en la respuesta”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de octubre de 2021 a su llegada a la cumbre UE-Balcanes en Eslovenia: “Estamos ante una crisis sin precedentes, que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la UE para poder contener este alza de los precios de la electricidad. En este sentido, el Gobierno de España ha planteado la compra conjunta de gas. Y tenemos que revisar el sistema de fijación de precios, que está penalizando las fuentes de energía renovables”.
Lo que España representaba en otoño de 2021 era una posición minoritaria, acompañada parcialmente…
