La vivienda pública fue una de las grandes protagonistas de la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. El Gobierno anunció ambiciosos planes de construcción de casas y muchas otras Administraciones y partidos hicieron lo propio. Pero la promoción de vivienda es lenta, y las estadísticas son tozudas. La VPO (las siglas con las que genéricamente se conoce a la edificación con ayudas públicas, aunque en cada lugar adquiere siglas distintas) retrocedió el año pasado según los datos de calificaciones definitivas publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda. Las 9.610 casas acabadas en 2022 se quedaron el año pasado en 8.646, el ejercicio con menor actividad desde 2019. Y si se mira solo a los inmuebles que se destinan al alquiler, que es la política por la que la mayoría de Administraciones (y expertos) apuestan para paliar los problemas de accesibilidad al mercado inmobiliario, el panorama no es mucho más halagüeño.
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