El sistema tributario español permite a las comunidades cierto margen de maniobra para modular al alza o a la baja algunos impuestos estatales, a la vez que las faculta para crear nuevas figuras sobre bienes o actividades no gravados por el Estado. Con estos elementos, en el año 2022 se produjo una rebaja fiscal generalizada de tributos propios y cedidos que provocó que los territorios dejaran de recaudar 5.700 millones de euros respecto a lo que podrían haber obtenido aplicando estrictamente la normativa estatal. Las autonomías emprendieron una carrera a la baja en sucesiones, donaciones, patrimonio y, en menor medida, el tramo regional de IRPF.
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