Las protestas del campo han puesto en el punto de mira la ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es evitar posibles abusos de poder en el recorrido que lleva un producto desde la explotación agraria al supermercado. Alrededor de 470 sanciones firmes —por un importe conjunto estimado en 1,67 millones de euros— se han impuesto desde 2022, justo después de que se reformara la normativa con el objetivo de prohibir, por primera vez, las ventas a pérdidas y proteger a los eslabones más débiles de la cadena. La mayoría de las multas hasta ahora, según datos del Ministerio de Agricultura, se deben al incumplimiento de los plazos de pago y solo ocho corresponden a transacciones cerradas por debajo de los costes. El sector agrario considera que es insuficiente y que son necesarias más medidas para evitar irregularidades mientras el Gobierno insiste en que la ley funciona, aunque admite que hay que reforzar los controles.
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