La puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones es uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque genera un gran impacto en las ciudades, ya que dicho establecimiento de las zonas afecta directamente a la movilidad y estacionamiento de los vehículos con el objetivo final de conseguir una notable reducción de emisiones de gases nocivos. La norma de mayo de 2021 impone la obligatoriedad, para los municipios de más de 50.000 habitantes, de delimitar unas zonas en las que se restrinja la entrada de vehículos potencialmente contaminantes que esté en vigor a 1 de enero de 2023. En total son 149 municipios los que se verían afectados por esta normativa. A pesar de haber contado con dos años para implementar las medidas, la gran mayoría de los territorios que deben aplicar estas zonas de bajas emisiones (ZBE) no van a cumplir los plazos establecidos, y los ayuntamientos piden una prórroga al Gobierno central para poder plantear bien los criterios de cada territorio. En este sentido está trabajando La Federación de Municipios y Provincias, FEMP, tal y como ha podido confirmar elEconomista Movilidad y Transporte.
