La teoría dice que todas las ayudas son potencialmente buenas, pero normalmente hay que conformarse solo con las que se pueden pagar. Es decir, son los presupuestos los que marcan hasta donde se alcanza. Algo así ocurrió con las medidas pactadas entre Gobierno y banca para los hipotecados vulnerables y aquellos en riesgo de serlo. Si estos acuden al escudo social actualizado del Código de Buenas Prácticas, el sector financiero tendrá que provisionar más de 500 millones de euros adicionales a la dotación con la que ya cuenta. Sin contabilizar este remanente, la cifra se dispararía por encima de los 1.500 millones.
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