Las exigencias de Cataluña en terreno fiscal llevan tiempo sacudiendo el tablero autonómico y su onda expansiva va creciendo. La Generalitat acaba de presentar su propuesta de financiación singular, en la que exige la cesión del 100% de los tributos que se recaudan en el territorio en un esquema parecido al cupo vasco. Este modelo es rechazado por varios de los expertos que durante los últimos años han participado en los grupos de trabajo del Ministerio de Hacienda sobre la financiación autonómica bajo la dirección de Cristóbal Montoro (PP) y María Jesús Montero (PSOE). Estos académicos se muestran en contra de que se extienda el modelo vasco a más comunidades en las mismas condiciones que tienen las forales. Hay más consenso en torno a la reestructuración de la deuda autonómica, aunque la condonación —otra de las exigencias que la cuota catalana del bloque de investidura ha puesto sobre la mesa— no es ni de lejos la fórmula favorita. Donde sí hay acuerdo es en la necesidad de reformar de una vez el sistema de financiación, caduco desde 2014, pero cuya renovación se antoja complicada a día de hoy porque supone un acuerdo político entre PP y PSOE.
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