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Los funcionarios del Registro Civil no saben de qué manera aplicar la Ley Trans
elconfidencialdigital.com

  1. Modificación del nombre de los menores
  2. Mismo problema con la Memoria Democrática
  3. El colapso con la Ley del Registro Civil
La ministra de Igualdad, Irene Montero, el día que se aprobó la Ley Trans.

El pasado 1. de febrero el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos favorables del Gobierno y sus socios, la Ley Trans. Esta norma introduce modificaciones importantes en el Registro Civil -organismo dependiente del Ministerio de Justicia- a la hora de que queden anotados y actuales los diferentes cambios de sexo. Además de esto, el articulado recoge que la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que se producirá en los próximos días.

Javier Jordán de Urries, presidente del campo nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha manifestado a ECD que no han recibido por la parte del Ministerio de Justicia “ningún género de comunicación, de indicación o de instrucción. En algunos registros ya hay ciudadanos interesados llamando, pero solo les podemos decir que no tenemos ni idea sobre cómo se va a materializar la nueva norma”.

Confidencial Digital ha preguntado al Ministerio de Justicia sobre los cambios a consecuencia de la reciente normativa. Desde el departamento que encabeza Pilar Llop han respondido:“En estos próximos días empezaremos a trabajar con el Ministerio de Igualdad (en concreto con la Dirección General de Diversidad Sexual) para amoldar los formularios y documentación a los cambios recogidos en la ley. Los registros de este país están preparados porque ya efectúan cambio registral de sexo”.

Modificación del nombre de los menores

Una de las primordiales novedades que introduce la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad es que los menores de 1. años -edad a partir de la como se deja la modificación genital- pueden cambiarse el nombre para ajustarlo al género con el que se identifican.

Desde el sindicato de funcionarios manifiestan que “el procedimiento de lo que se reforma se explicita en la Ley. Pero falta que los registros sepamos de qué manera hacerlo desde cierto punto de vista técnico. Por servirnos de un ejemplo, para percibir la declaración de un menor de 1. años es muy posible que se tenga que hacer de forma reservada, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Además, ¿estarían los registros dispuestos para ello? Nos falta conocer la ‘intrahistoria’ de todo. Mas es que esta es la forma de proceder tanto de la Dirección General de los Registros y del Notariado como del Ministerio”.

Mismo inconveniente con la Memoria Democrática

Otra de las normas que ha aprobado el Gobierno en esta legislatura es la Ley de Memoria Democrática, que amplió los casos por los que se puede conseguir la nacionalidad española si es descendiente de un ciudadano español. El competente para efectuar este trámite es el Registro Civil, que acabó viéndose colapsado.

Jordán de Urries explica que “la Ley de Memoria Democrática primero se publicó en el BOE, después el Ministerio nos facilitó unas indicaciones mediante una instrucción, y posteriormente modificó esa instrucción”.

Asímismo, el presidente del campo nacional de Justicia de CSIF comenta: “Al final, dadas estas situaciones se reacciona como buenamente se puede. Se intenta registrar y gestionar lo pertinente, mas nos hallamos con muchas contrariedades pues no tenemos las herramientas adecuadas”.

El colapso con la Ley del Registro Civil

El 30 de abril de 2021 entró en vigor la Ley del Registro Civil, mas aún no se ha aprobado es el reglamento que la desarrolla, situación que está ocasionando un desbarajuste en los registros.

“El hecho de que no se haya establecido un desarrollo -afirman en CESIF- ha provocado que se configure una dualidad en los registros. Hay unos pocos que pueden emplear el nuevo modelo, al tiempo que la mayor parte tienen que aplicar la Ley del 57 y el Reglamento del 58”.

Gran una parte de estos inconvenientes derivan de la aplicación informática, que en muchos registros no ha llegado a asentarse.

Jordán de Urries relata: “Si se da una avalancha de peticiones sobre un tema en el que el sistema informático no permite marcar la casilla correcta, evidentemente se genera un inconveniente. Desde el Ministerio de Justicia deberían aprobar las reglas e instrumentos necesarios. Le hemos pedido en varias ocasiones que establezcan un sistema global para que la Administración pueda dar respuesta”.

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