Los funcionarios van a poder ser removidos de su puesto dependiendo del resultado que consigan en la evaluación de su desempeño. Así lo establece el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El texto, que queda abierto a cambios, prevé que los empleados que han logrado su puesto por concurso puedan ser apartados si no cumplen de forma adecuada con sus tareas, si su desempeño es deficiente o no pueden cumplir con las demandas que se solicitan para el cargo ni siquiera a través de formación adicional. La metodología de evaluación no está sin embargo definida, ya que se concretará a posteriori en el desarrollo normativo de la regla.
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