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Los juristas ven poco viable la propuesta de Urkullu y vacilan de su constitucionalidad
elpais.com

El lehendakari, Iñigo Urkullu, comparece en rueda de prensa este martes, tras el primer Consejo de Gobierno con el que el Ejecutivo pone fin a las vacaciones veraniegas.

La propuesta de reforma territorial formulada esta semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un articulo en EL PAÍS produce dudas entre los juristas. Algunos constitucionalistas consultados por este periódico la consideran netamente contraria a la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, al paso que otros apuntan que contiene aspectos que podrían explorarse, pero todos coinciden en considerarla poco viable. Urkullu plantea un pacto entre el Estado y las “nacionalidades históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia) para “actualizar la interpretación acordada” del contenido de la Constitución y mudar el modelo territorial. Ese acuerdo saldría de una “convención constitucional” que “interpretaría” la Constitución; anteriormente, todas y cada una de las partes se comprometerían a reconocer la “plurinacionalidad” de España y la “capacidad de decidir” de esos territorios.

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El ejemplo de Irlanda

Uno de los ejemplos a los que mencionan los constitucionalistas para explicar la figura de la “convención constitucional” que mienta Iñigo Urkullu en su propuesta es la creada en Irlanda en 2012 para impulsar reformas de la Constitución. El Gobierno se comprometió a que las recomendaciones de la convención fueran debatidas en las dos cámaras del Parlamento en un plazo de cuatro meses y, si la recomendación era aceptada, se comenzaba un proceso de referéndum ciudadano.  La convención estuvo integrada por 33 políticos y 66 ciudadanos escogidos al azar mas representativos de la sociedad irlandesa (distribuidos por edad, género, lugar de residencia, nivel socioeconómico). La convención se reunió en uno ocasiones entre 2012 y dos mil catorce para debatir temas como la edad para votar, el matrimonio homosexual, la posibilidad de hacer coincidir el periodo presidencial con las elecciones europeas (cinco años) o la de dotar de mayor protección constitucional a determiados derechos sociales, económicos y culturales. 

Antes de cada sesión, uno o varios expertos (profesores, politólogos, constitucionalistas) presentaban los temas que se iban a tratar y aconsejaban a los ciudadanos para garantizar un nivel de información similar entre todos. En la votación final de la convención se pidió a sus miembros que plantearan nuevos temas para futuras reformas constitucionales que deberían ser impulsadas por el Gobierno. De ahí salieron propuestas de temas medioambientales, sociales (eutanadia o aborto), sobre la separación de Iglesia y Estado y relativas a la designación de jueces. 

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