La reforma del delito de malversación pactada el pasado diciembre entre el Gobierno y ERC —con la meta declarado de rebajar la pena a los dirigentes del procés independentista catalán— tiene, por el momento, escasa aplicación práctica. No ha servido para ese objetivo, porque el Tribunal Supremo se opuso, y tampoco ha provocado en estos primeros 3 meses el goteo de rebajas de penas a otros condenados por malversación que auguró la Fiscalía Anticorrupción cuando el Ejecutivo anunció su plan. Los jueces han rechazado aplicar la modalidad atenuada en los casos más conocidos de malversación que se podían haber visto afectados por la reforma, y la Fiscalía se está oponiendo también a rebajar la pena en las sentencias firmes que ahora se están examinando y ha anunciado que limitará la aplicación del nuevo tipo penal en futuros casos.
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