El Congreso someterá a votación en los próximos días la senda de estabilidad que el Gobierno aprobó hace un par de semanas en Consejo de Ministros, la cual establece los objetivos de déficit para comunidades autónomas y entidades locales para el periodo 2025-2027. Este trámite es crucial para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el que trabaja el Ejecutivo para el año próximo, ya que define algunas de las principales magnitudes sobre las que se sustentan las cuentas públicas. Sin embargo, hay serias dudas sobre si la referencia logrará el respaldo necesario. Y no es para menos: se trata de la misma que fue rechazada en la Cámara baja a finales de julio por el PP, Vox y Junts, y que ahora se vota en un contexto de tensas relaciones del Gobierno tanto con la oposición como con algunos de sus potenciales aliados. En La Moncloa saben lo que se juegan y, ya sea para convencer o presionar, han calculado el impacto negativo que tendría un nuevo bloqueo en comunidades y ayuntamientos. En Madrid y Cataluña superaría los 1.300 millones de euros en cada una, mientras que en las dos grandes ciudades sería de unos cientos de millones.
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