El Gobierno central y la Junta de Andalucía han sellado un armisticio in extremis después de veintiuno meses de confrontación en torno a la ley para ampliar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno estaba dispuesto a llevarla al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva la semana próxima, a pesar de las advertencias contra la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno central y la comunidad científica. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, iba a recurrirla de inmediato frente al Tribunal Constitucional.
Moreno y Ribera han comparecido este martes después de hora y media de reunión en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, flanqueados por las banderas de España y de Andalucía para anunciar un principio de acuerdo que supone la retirada inmediata de la ley, en fase final de tramitación, y la creación la semana que viene de un conjunto de trabajo a dos bandas Gobierno-Junta para buscar opciones alternativas -“basadas en cosas que no sea más agua”, en palabras de la ministra- que combinen la preservación del Parque Natural y el desarrollo económico de los agricultores dueños de las parcelas que iban a ser reguladas para regadío.
“Abrimos una etapa nueva de cooperación entre las dos administraciones”, han repetido múltiples veces ambos dirigentes, poniendo el contador a cero tras casi dos años de desencuentros y críticas cruzadas, llegando aun al insulto personal [Ribera llamó “señorito” al presidente andaluz].
Ha sido Moreno quien ha anunciado que su partido no planteará mañana incluir la proposición de ley en el Pleno de la próxima semana, donde estaba prevista su aprobación terminante con los votos de PP y Vox…
