El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas amonesta a España por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia que ocupó un inmueble propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. “El Estado parte tiene la obligación de administrar a los autores y sus hijos una reparación efectiva”, comprueba el dictamen.
El caso analizado por el Comité de la ONU afecta a Josefa y a Ricardo que asistieron al organismo internacional al comprender que las diferentes órdenes de desalojo sobre ellos y sus dos hijas -aunque este no se materializó- habían constituido una violación de sus derechos, en virtud del artículo 11 del Acuerdo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
Ambos explican que, desde 2008 y en varias ocasiones, pidieron sin éxito al Instituto de la Residencia de la villa de Madrid una inmueble social. “Entre 2010 y dos mil catorce, los autores pudieron alquilar un piso en el mercado privado, sin embargo, perdieron su empleo y no pudieron hacer frente al pago de la renta desde 2014”, recoge el dictamen. “No les quedó otra alternativa que…
