Un juzgado de la capital española cerraba el pasado mes de enero el caso sobre el rescate de Plus Ultra, poniendo así punto y final al martirio judicial que ha vivido la compañía aérea desde el instante en que el Gobierno por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le dio unas ayudas de 53 millones de euros en el tercer mes del año de 2021. La juez no observó en la concesión de esos fondos ninguna malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencia o falseamiento de documentos, como sostenían las demandas presentadas por Manos Limpias, el PP y Vox.
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