Las protestas del campo han llevado a primer plano la Ley de la Cadena Alimentaria, una de las normativas aprobadas en la última legislatura con la que se aspiraba a dar transparencia y equilibrio al andamiaje que une a agricultores y ganaderos, con la industria alimentaria y la distribución. Esta ley, por primera vez, contempla sanciones cuando los contratos no se sellan por escrito, se cambian las condiciones de forma unilateral o se obliga a vender a pérdida, es decir, a un precio tan bajo que no permite cubrir los costes de producción.
Esta Ley, aunque cargada de buenas intenciones, no está siendo suficiente para que las relaciones entre el campo, la industria y los híper y supermercados sean siempre justas. De ahí que los agricultores estén pidiendo que la norma se mejore. Ese guante ya se ha recogido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el miércoles en el Congreso a reforzar la legislación.
Este fortalecimiento va a suponer más inspecciones, según indican fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, a más inspecciones, previsiblemente más sanciones. Por ejemplo, se…
