Los jueces imparten justicia; es decir, interpretan y aplican la ley. Y es justamente en la interpretación cuando surgen los problemas si los magistrados no “ponderan con previsión” el impacto de sus decisiones. Se trata de “no generar con ellas consecuencias políticas y sociales peores que las que se quieren evitar”. Para ello, los jueces deben someterse a los principios de “neutralidad e imparcialidad”. Y cuando no lo hacen, “se produce en la opinión pública descreimiento y mala reputación de instituciones y funcionarios”. Las citas corresponden a un artículo académico sobre el “perfil recomendable para los magistrados de un Tribunal Constitucional”, pero la descripción podría aplicarse perfectamente a los intérpretes supremos de la Constitución española.
