Unas recientes declaraciones del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han dejado al descubierto, más que tantas otras antes y después de su llegada a la dirección del Partido Popular, las claves ideológicas de una fuerza política definitiva en el sistema democrático español. El PP no renueva el Consejo General del Poder Judicial, afirmó Núñez Feijóo, para “proteger a la justicia” del Gobierno de Pedro Sánchez. Poco o nada cabe aguardar de las tertulias y artículos de opinión, salvo acusaciones cruzadas acerca de quién es el responsable del progresivo deterioro institucional que se observa desde mil novecientos noventa y tres. Y, no obstante, lo más revelador de las declaraciones del líder de la oposición no es que mantenga que las instituciones han alcanzado un punto de deterioro irreversible por la presunta agresión del Gobierno, algo que está en su derecho de pensar, sino la vía escogida para defenderlas sea incumplir las reglas actuales que las regulan. No se trata de una excusa más de las muchas que ha invocado el PP para asegurarse, mediante el bloqueo de la renovación del Consejo, aquello de lo que acusa al Gobierno: sostener bajo influencia ese órgano en su actual composición, más conveniente a sus intereses que la que saldría de la entrada de nuevos jueces de acuerdo con la mayor parte parlamentaria. Al no dar cumplimiento al mandato constitucional de renovar el Consejo, y al asegurar que lo hace para resguardar a la justicia, Núñez Feijóo parece querer justificar una suerte de medida de salvedad declarada por sí y ante sí. De otro modo, ¿de qué manera interpretar el anuncio de que ha asumido poderes como el de ignorar una norma con la disculpa de proteger el sistema del que mana ¿Y qué pensar, además, cuando la primera agresión a la justicia como corporación, la agresión que da pie a las reales o supuestas por las que denuncia al Gobierno, es la que, por omisión deliberada, están cometiendo él y su partido?
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