Los 64 funcionarios que destinará provisionalmente Hacienda a la tramitación del reconocimiento en España de títulos universitarios obtenidos en el extranjero podrían ser el principio del final de un suplicio personal sufrido por decenas y decenas de miles y miles de profesionales, en su mayoría latinoamericanos, ahora instalados en un limbo burocrático que frustra cualquier proyecto de vida. Pese a los buenos deseos expresados por Manuel Castells, precedente ministro de Universidades, hace ya casi un par de años, la situación se ha hecho explosiva. El decreto ley que se comprometió a impulsar en el mes de marzo de 2021 para agilizar las gestiones para obtener la equiparación u homologación de la titulación extranjera solo ha entrado en vigor este noviembre, a instancias del ministro Joan Subirats, y con la situación agravada por el atasco descomunal desde dos mil catorce (con en torno a 40.000 peticiones), sumado a las peticiones de los últimos años: veinticuatro en dos mil veintiuno, más el sustancial incremento en 2022 de hasta 40.000 nuevas solicitudes.
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