Tras tres años de intensas negociaciones, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) salió por fin adelante en el Congreso con una mayoría absoluta de ciento setenta y seis miembros del Congreso de los Diputados y un notable grado de consenso dentro de la comunidad universitaria, si bien la convergencia se haya logrado a costa de abandonar a algunas ambiciones iniciales y de buscar un equilibrio entre los diferentes intereses en juego. La reforma no solo era necesaria, sino urgente. El sistema universitario español ha sufrido en los últimos años un enorme deterioro por la insuficiencia presupuestaria y por la cronificación de faltas y disfunciones graves que han lastrado su capacidad de reacción ante las nuevas realidades. En los 21 años de vigencia de la LOU, que se aprobó en 2001 y solo ha tenido dos reformas parciales, las universidades han debido afrontar un proceso acelerado de internacionalización del conocimiento, el estrellato de nuevas tecnologías con fuerza disruptivas y cambios profundos en las exigencias profesionales, y todo ello con plantillas enseñantes escasas, cada vez más avejentadas y con niveles inaceptables de precariedad laboral.
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