Pedro Sánchez ya ha puesto encima de la mesa una posible solución creativa de las que le reclamaba durante el fin de semana Junts para intentar desbloquear la negociación de la ley orgánica de amnistía al procés. El presidente del Gobierno insiste en que él no tiene intenciones de cambiar la ley sobre la medida de gracia, más allá de algún retoque técnico, porque cree que ir más lejos supone poner en riesgo la norma ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea. Pero plantea a Junts una salida alternativa sin tocar el corazón de la amnistía: cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para poner más límites máximos a la instrucción de delitos. El caso del Tsunami Democràtic es el que más preocupa a Junts, porque es ahí donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón contempla implicar a Carles Puigdemont, su líder, y Marta Rovira, secretaria general de ERC, en posibles delitos de terrorismo. Es una causa que lleva cuatro años y medio de instrucción y el magistrado ha pedido seis meses de prórroga, según lo previsto en el artículo 324 de la LECrim. Junts teme que la investigación se dilate indefinidamente y que Puigdemont no pueda acceder a la amnistía durante mucho tiempo, por eso insiste en que no ha pactado “una amnistía en diferido”, sino que la quiere ya. Pero si se cambia la norma procesal, de forma rápida, eso estaría limitado.
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