La secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, lo recita como si fuera un mantra: “nuestra producción nacional de chips ha pasado en las últimas dos décadas de significar el 40% de toda la demanda global al 12%”. Ahora -dice en su cuenta de X, la antigua Twitter, “estamos cambiando el curso de la historia”, en alusión a la Chips and Science Act, vigente desde julio de 2022, y su dotación de 280.000 millones de dólares para impulsar fábricas de semiconductores. En sintonía con la Inflation Reduction Act (IRA), alumbrada solo un mes después y dirigida a crear 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en la industria de las energías renovables en 2030, debería “devolver el esplendor perdido” en este sector a la primera potencia global.
La trascendencia de esta norma protectora de los chips se aprecia, además, en los 53.000 millones que se destinan a facilitar inversiones con las que atraer la producción de firmas en el exterior. Además, se complementa con los férreos controles a la exportación de materiales y know-how tecnológico made in US a China. Este doble viraje de las…
