El Gobierno aprobó la ley rider en dos mil veintiuno a fin de que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato al uso. No obstante, Glovo, la primordial empresa del sector, ha ignorado la nueva legislación, pese a las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de dos mil veinte que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores. Ante ese empeño en sortear la legislación, el Ejecutivo ha puesto en marcha “la vía penal”, según explica a EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley a fin de que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un inconveniente solo de sanciones económicas, sino más bien asimismo un inconveniente de sanciones penales”, añade Pérez Rey. No especifica ninguna plataforma en particular, mas fuentes consultadas explican que esa comunicación ha sido remitida a Glovo.
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