El juez Manuel García Castellón detalló hace algo más de un año, en el auto de apertura de procedimiento abreviado del denominado caso Kitchen, todos los rastros acumulados durante 4 años de investigación sobre esa presunta operación de guerra sucia ejecutada por la cúpula política y policial del Ministerio del Interior —bajo Gobierno de Mariano Rajoy— para obstruir las pesquisas judiciales sobre la caja b del PP. Según esa investigación, durante cuando menos dos años (de junio de 2013 a junio de dos mil quince) Interior puso en marcha una operación, pagada con fondos reservados y en la que participaron media docena de comisarios, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, con la intención de substraerle documentación que pudiera comprometer al Gobierno de Rajoy con relación a la financiación ilegal del partido que estudiaba un juzgado de la Audiencia Nacional.
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Especial | El espionaje a Bárcenas, desde dentro
La investigación judicial ha acreditado, mediante distintas pruebas incluidas en el sumario y los testimonios de la cúpula policial, el plan para espiar a Bárcenas sin control judicial
