La inversión con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (conocidos como ESG, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los frentes de la guerra cultural estadounidense. Entre numerosos gestores de inversión, esas iniciales se han puesto de moda en los últimos años. Numerosas empresas, primero, estadounidenses, y luego de todo el mundo, también han abrazado criterios de sostenibilidad y gobernanza en su gestión. Sin embargo, eso ha provocado una reacción en contra. El Partido Republicano ha emprendido una ofensiva contra el uso de esas pautas en las decisiones de inversión porque lo considera activismo político progresista. El último paso es una propuesta de ley registrada en la Cámara de Representantes estatal de Nuevo Hampshire, con sede en Concord, en la que tres diputados proponen que, en ciertos supuestos, el uso de criterios ESG sea castigado con penas de hasta 20 años de cárcel. Los propios promotores son conscientes de que su propuesta tiene algo de provocación.
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