Por encima de la negociación jurídica sobre la ley de amnistía, que fue muy complicada de cerrar, había una decisión política de fondo. Junts debía aclarar si quería reventar la legislatura forzando la máquina con la ley más allá de donde el PSOE podía llegar. Los socialistas habían puesto una última línea roja, después de traspasar otras: bajo ningún concepto podían aceptar que la amnistía incluyera todos los tipos y grados de terrorismo, porque eso, según su interpretación jurídica, podía llevar a que la justicia europea tumbara la norma. Con esa pregunta en el aire, y en pleno escándalo del caso Koldo, el viernes 23 de febrero, dos días después de la detención del excolaborador del exministro José Luis Ábalos, se reunieron en Ginebra (Suiza) los principales negociadores de Junts —Carles Puigdemont, Jordi Turull, Miriam Nogueras— y los representantes del PSOE —Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano y Eladio Garzón—. El verificador, Francisco Galindo, no acudió en esta ocasión porque estaba enfermo, aunque estaba previsto que fuera.
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