La vivienda se ha convertido en una emergencia en España. La dificultad de acceso a una casa envenena el conjunto de la economía y afecta a muchos otros aspectos cotidianos. Los jóvenes son de los que más tarde se emancipan de Europa y la tasa de fertilidad también es de las más bajas del mundo, dos problemas que se arrastran desde hace tiempo. Para hacer funcionar la economía, se necesitan miles de migrantes, que una vez llegan se topan con el muro del mercado inmobiliario y acaban compartiendo piso a la fuerza. Y mientras la tasa de hacinamiento (básicamente, familias que no pueden permitirse vivir solas) no ha hecho más que crecer en la última década, el esfuerzo por alquilar o comprar es tan grande, que muchos hogares no pueden ahorrar o concentran todo su ahorro en la casa, lo que merma otras inversiones más productivas y reduce las opciones en tiempos de crisis. Al final, un piso asequible se convierte en un tesoro que nadie quiere abandonar, a costa de reducir la movilidad laboral, lo que complica bajar el paro. Ante este panorama, no sorprende que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, describiera esta misma semana como “una emergencia social” lo que sucede en muchas ciudades. Pero la realidad, coinciden los expertos y admitió la propia ministra, es que no hay soluciones mágicas y llevará años enderezar el rumbo.
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