El líder de Vox, Santiago Abascal, no pone fecha a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e insiste en que el partido proseguirá recabando «los apoyos necesarios» entre la clase política y la sociedad civil. Sin más detalle, ni de candidatos contemplados ni de posibles asociados, alén de Ciudadanos (Cs), conveniente al uso de esta herramienta parlamentaria. Aunque el calendario actual deja poco margen de actuación en lo que resta de año y ello llevaría alargaría el trámite, como mínimo, hasta enero –por entonces Cs tendrá ya nuevo liderazgo-. Este propósito de moción, aún sin definir, surge como contestación de los últimos movimientos del Partido Socialista, Unidas Podemos y ERC en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados. Los socialistas, en el contexto de modificación del Código Penal en lo referente al delito de sublevación, que pretende remplazar por otro de desordenes públicos agravados, ha admitido las enmiendas de los republicanos para cambiar las penas por malversación. Ello hace una distinción entre lucro personal directo e indirecto. Por otro lado, ha enmendado su texto al lado de Unidas Podemos para efectuar una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional (TC) y asegurar el vuelco progresista de la institución tras la negativa a negociar por la parte del Partido Popular (PP); a quien acusan del «secuestro» de la Justicia.
Frenada la efusividad por la moción hasta nuevo aviso, aunque comprometido a presentarla, Vox se volcará en paralelo con acciones parlamentarias para «impedir» que estas enmiendas lleguen a buen puerto. Como ya hizo el Grupo en la cámara baja una vez Partido Socialista y Unidas Podemos dieron el paso inicial con la reforma de sublevación, los ultraconservadores presentarán una nueva solicitud de inadmisión -la anterior fue rechazada- de las enmiendas acordadas. A ello, se unirá la petición de que el proceso de reforma del Código Penal quede paralizado hasta que, bajo demanda previa al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se emitan dos informes que especifiquen los cambios concretos que se quieren realizar y las «graves consecuencias» que tendrán exactamente los mismos. «Es una brutalidad jurídica, porque no escuchan la opinión del Constitucional», apuntan fuentes de la cúpula de Vox, con relación al cambio veloz del artículo 599.1.1ª de la LOPJ, que reemplaza la mayor parte de 3 quintos a simple la capacidad del Consejo para hacer nombramientos. Dos que se sumarán a los ya hechos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez.
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Vox justifica la solicitud de esos informes institucionales para dotar a todos y cada uno de los parlamentarios, incluidos los del Partido Socialista Obrero Español, de la información necesaria sobre lo que el Gobierno plantea a nivel judicial. Y así, todo el que vote a favor a pesar de las advertencias -que prevén- del CGPJ y del Consejo de Estado, «se retrate públicamente». «Es el momento de que se manifieste toda la cámara», aseguran los de Abascal. «La Mesa puede decidir que no se aceptan» las enmiendas e instar a los grupos del Gobierno que procuren culminar el trámite a través de un proyecto de ley previa aprobación en Consejo de Ministros, señalan fuentes de Bambú. Mas estiman que este escenario no terminará dándose por el balance de fuerzas de la Mesa, donde predominan Partido Socialista y Unidas Podemos. De no tomarse, finalmente, en consideración, Vox asistirá al TC para requerir un recurso de amparo. En la dirección nacional ven posibilidad de frenar el proceso parlamentario de la sublevación, al menos en lo relativo al delito de malversación y a los nombramientos del Constitucional. Y lo justifican con la existencia de «un precedente» al comienzo del primer ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.
El precedente del PP y el ‘plan Ibarretxe’
Vox se refiere así a la sentencia 119/2011 del TC. El Conjunto Socialista del Senado solicitó el amparo del Constitucional frente a la admisión hecha por la Mesa de la Cámara Alta de múltiples enmiendas del PP a la Ley de Arbitraje en 2003. Estas enmiendas sirvieron a los populares para tipificar en el Código Penal como delito la realización de referendos ilegales, en un contexto donde el lehendakari Juan José Ibarretxe proponía un nuevo Estatuto vasco para pasar de una autonomía más dentro del Estado a convertirse en otro «asociado libre» como preámbulo cara un modelo confederal. A ello se denominó como ‘plan Ibarretxe’. En julio de 2011, el TC indicó, como recuerda Vox, que se generó una transgresión de los derechos parlamentarios, al admitirse en el Senado unas enmiendas que no tenían nada que ver con la materia legislativa planteada.
Una vez el Senado de el visto bueno a la reforma del delito de sedición, que contiene las enmiendas sobre el TC, no habrá vuelta atrás. Si va a poder revertirse los cambios del Código Penal y contrarreformar la LOPJ
El problema que se plantea a Vox es que la reforma propuesta por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos tiene carácter inmediato. Este jueves se discute y vota la propuesta en las Cortes, por lo que si los de Abascal desean llegar a tiempo van a deber presentar ese recurso de amparo mediante medidas cautelares, a fin de que el TC paralice el proceso parlamentario antes de que el Senado refrende los cambios. Y es que si se atiende al precedente citado, transcurrieron casi 7 años desde el instante en que se solicita hasta que el Alto Tribunal se pronuncia favorablemente. Ello, no obstante, Vox no lo ha puntualizado. Tampoco el PP, que el viernes pasado anunció desde sede parlamentaria que seguirán exactamente la misma línea que Vox. Y es que, una vez se culminen los cambios, no habrá vuelta atrás. Al menos en lo que se refiere a la reforma exprés de la LOPJ para renovar un tercio del TC. Principalmente, por el hecho de que esa mayoría progresista que se instituirá la elección de Campo y Díez, a la espera de que el CGPJ elija sus representantes, podría rechazarlo. Sí podría abordarse otra reforma de la ley por parte de un nuevo Ejecutivo.
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De no prosperar tampoco esta vía, Vox empleará una de sus principales bazas en lo que llevamos de legislatura: la herramienta del recurso de inconstitucionalidad. En suma, el Grupo Vox ha presentado ante el TC cuarenta y dos recursos de ese tipo. Desde Bambú los de Abascal equiparan esta forma de legislara, «por la puerta de atrás», con los planteamientos del procés. «Es lo mismo que hicieron los separatistas en el mes de septiembre de 2017», comparan en referencia a las leyes de transitoriedad que fueron frenadas por el Constitucional.
